Tras un intenso debate en la Cámara de Diputados, los legisladores argentinos aprobaron el Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para su refinanciamiento. Es un plan de pagos acordado entre el gabinete económico y el board del FMI, a fin de posponer los tramos de pago del crédito ante la falta de condiciones del deudor para efectuar dichas transferencias.
Lo negociado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene las siguientes condiciones: un período de repago de 10 años, con 4 años y medio de gracia. En este período, el organismo transferirá a la Argentina los montos equivalentes a los vencimientos del Stand-By, de modo tal que no se deja de pagar, sino que se recambia la temporalidad de la deuda. Existirán revisiones técnicas trimestrales que condicionarán los desembolsos de los próximos dos años, generando riesgos y tensiones sostenidas para el gabinete económico.
Las rispideces al interior de la coalición gobernante venían en aumento debido a las diferencias entre las posturas del ala más kirchnerista del gobierno y el albertismo de cara a la complejidad del actual escenario político y económico. El llamado a sesiones extraordinarias por parte del Presidente se vio frustrado por estos desacuerdos que impidieron consensuar el avance de la agenda legislativa. La misma incluía proyectos sobre los cuales el gobierno apalanca las expectativas de crecimiento económico que, en conjunto con otras medidas, permitirían cumplir con los vencimientos de deuda futuros. Esta cuestión podría suponer una complicación para el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI ya que el plan económico que remitió el ejecutivo al organismo se apoya, en parte, en la sanción de estas iniciativas, que el gobierno da por sentadas.
El programa presentando al FMI fue elaborado sobre la expectativa de una economía local en expansión que aseguraría las metas de reducción gradual del déficit fiscal. Al mismo tiempo, se sostendría el crecimiento de la inversión pública, eje central para impulsar la capacidad productiva del país de acuerdo con el oficialismo.
Las negociaciones con el FMI a su vez concluyeron en la reducción progresiva de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro Nacional, y en que la oferta monetaria evolucione en forma consistente con la demanda del peso argentino, evitando presiones adicionales en el tipo de cambio.
Guzmán abogó por incluir el memorando técnico dentro de la ley ya que, en un comportamiento análogo con el proyecto de presupuesto 2022, justificaba la viabilidad de los compromisos asumidos por Argentina en la arena política local y de cara al Fondo.
El gobierno reafirma que el actual modelo de gestión comercial es el indicado para alcanzar una balanza de pagos sostenible en la que se cuiden las reservas internacionales y se aseguren los flujos de capital necesarios para la actividad económica. Esto se puso nuevamente en evidencia a través de las últimas comunicaciones emitidas por el Banco Central, que profundizaron las regulaciones relativas al proceso de pago de importaciones.
La propuesta que el ejecutivo envió al fondo profundiza el uso de las herramientas ya empleadas por el gobierno proponiendo acrecentar la supervisión y aplicación de medidas de control cambiario. De igual manera, se propone fortalecer la vigilancia de las operaciones e introducir mejoras en la coordinación entre las entidades con competencia en esta materia. Sin embargo, reconocen ante el FMI que se buscará flexibilizar este tipo de medidas una vez que haya condiciones macroeconómicas perdurables que así lo permitan.
En el marco del acuerdo con el FMI, el gabinete económico buscará profundizar la ya lanzada Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, cuyos objetivos son:
En paralelo a estos objetivos, el gobierno propone una línea de acción específica para mejorar el monitoreo del sistema bancario, implementando una “estricta supervisión bancaria” estableciendo que se desalentará el uso de criptomonedas a fin de prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación. Además, se busca digitalizar los sistemas de pagos centralizados a fin de dotar de mayor protección del consumidor financiero.
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